Gijón, 06 de Noviembre de 2008
A la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria:
La Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias (APFS Asturias) les da la bienvenida a nuestra región y les saluda atentamente, esperando sea de su agrado la estancia entre nosotros y en esta hermosa ciudad de Gijón, que han elegido para celebrar el Congreso de su Asociación.
Nos parece una gran oportunidad para salvar la distancia que suele separar al ciudadano de a pie con las personas que, como ustedes, ostentan la gran responsabilidad que supone el ejercicio diario de la administración de Justicia, y con quienes habitualmente solo se toma “contacto” en el caso de tener que acudir a un juzgado, bien sea en calidad de demandante de la acción judicial, o en el menos deseado de hacerlo como imputado, y así poder hacerles llegar nuestra preocupación por los graves problemas que en ocasiones supone ser varón y padre de familia.
Deseamos, mediante este breve escrito, transmitirles respetuosamente nuestras inquietudes sobre cuatro cuestiones que suelen significar una cambio brusco y negativo en la vida de toda persona, especialmente en el de los menores, hijos de padres separados o divorciados, y en el de estos últimos:
- Las denuncias por maltrato psicológico.
- El incumplimiento del régimen de visitas.
- Las denuncias falsas.
- La alienación parental.
En su programa de hoy jueves, abordarán ustedes la cuestión de la llamada “Violencia de género”, razón de que miles de hombres hayan sido condenados en los últimos 4 años en nuestro país -80.000 según las estadísticas del CGPJ publicadas esta misma semana-, y a la asamblea tienen prevista la asistencia y participación de representantes de instituciones que velan por la protección de la mujer. No ha sido invitado, al menos no nos consta, ningún representante de asociación alguna que a su vez, y de forma legítima, haga lo propio por los derechos del varón.
Nosotros repudiamos cualquier forma de violencia, y nos repele más aún la violencia dentro del ámbito familiar, sin matices: sea quien sea la persona que la ejerce, y sea quien sea la víctima.
Teniendo el cuenta lo dispuesto por la Constitución Española y el espíritu que anima todo el Ordenamiento Jurídico español desde 1978, no entendemos, como buena parte de la sociedad española, que todos los esfuerzos de las administraciones públicas a todos los niveles (estatal, autonómico, local) incluyendo la de Justicia, que es la que más importancia tiene, pues en sus manos está decidir sobre la libertad y el bienestar de las personas, se dirija exclusivamente a proteger a la mujer. Y curiosamente no a toda mujer, pues muchas decisiones y sentencias que buscan la protección de una mujer, perjudican directamente a otra u otras. Sin olvidar que se condene de forma distinta a quien ejerza esa violencia, dependiendo de su sexo.
Creemos que el TC está para velar porque se cumpla lo establecido en la Carta Magna, y no para interpretar el artículo 14 en sintonía con el partido político que esté en el gobierno. Suponemos que ustedes han podido comprobar que en cinco años, el TC no ha otorgado el amparo, ni siquiera admitido a trámite su recurso, a ningún demandante que lo solicite por haber sido condenado en sentencia por delito de maltrato familiar.
Un hombre puede ser condenado por delito, aunque lo sea a una multa o una pena leve de privación de libertad, por “maltrato psicológico”. Como no somos juristas, ni queremos extendernos, ni éste es el modo adecuado para ello, no vamos a entrar en apreciaciones al respecto. Pero ustedes por su formación, cualificación, y sobre todo por experiencia, son conscientes de la infinidad de matices que puede tener una acusación similar. Una pareja o ex pareja puede tener muchísimos motivos para discutir o entrar en desacuerdos, sin que ello tenga que ver con conductas machistas, que nosotros rechazamos.
Y comprenderán que si hay una forma de maltrato psicológico no superada por ninguna otra, esa es el incumplimiento del régimen de visitas, que se sanciona muy excepcionalmente, en un porcentaje muy bajo. Muchos de ustedes, quizás la mayoría, sean padres y madres de familia, por lo que no les será difícil ponerse en el papel de un padre que no puede ver a sus hijos ni comunicarse con ellos durante semanas, meses o años. Esto motiva cientos de denuncias en todo el país, sobre todo los fines de semana. Casi de forma sistemática, las denuncias por incumplimiento son archivadas, y en lo pocos casos que el Ministerio Fiscal decide iniciar los trámites tendentes al procesamiento de una madre que incumple la sentencia respectiva, suelen pasar años para que el caso sea visto en el Juzgado de lo Penal.
En el supuesto de que la sentencia reconozca los derechos de padres e hijos a estar juntos cuando corresponda, a veces esos hijos ya no ven ni sienten a su padre como tal. Tampoco cuando un padre denuncia lo hace con la intención de que se sancione al otro progenitor, sino de ver a sus hijos, de no perderlos, y de que se subsane esa tremenda situación. De modo que creemos que debería acelerarse el procedimiento para dar a los padres, por el momento aún sujetos de Derecho, lo que les corresponde por ley natural, y evitar también atascar los juzgados y sancionar a madres malintencionadas y a veces peor asesoradas.
Otra de nuestras inquietudes es la prácticamente inexistente actuación contra las denuncias falsas y el falso testimonio, que queda probado en las vistas orales, sin que jueces ni fiscales procedan en consecuencia, dejando a iniciativa del afectado la posibilidad de emprender acciones legales. No parece muy justo que poniendo una simple denuncia, se activen automáticamente resortes policiales, judiciales y asistenciales gratuitos para la mujer supuestamente maltratada, cuya acusación puede suponer pena de prisión –cuando menos, orden de alejamiento y salida inmediata del hogar- para el denunciado, y si al final se absuelve a éste, constando denuncia falsa o abuso por parte de la demandante, deba de hacer frente a un considerable gasto en contratar a un abogado y un procurador para reparar el daño causado a su honor y prestigio social. Pues todos sabemos el estigma que supone ser detenido por malos tratos o ser encarcelado. Recientemente un joven de Gijón estuvo recluido 7 meses en la prisión de Villabona, para ser finalmente absuelto.
Y para terminar, nos gustaría que en esta u otras asambleas que celebre, contemplen y debatan también todo lo relativo al llamado Síndrome de Alienación Parental, sobre el que literalmente despotrica el CGPJ en su reciente “Guía de Criterios de Actuación judicial frente a la violencia de género”. Cientos de padres en España hemos sufrido en carne propia el rechazo claramente inducido de nuestros hijos e hijas. No somos especialistas en la materia, pero tampoco creemos que constituya una patología mental, sino un estado de ánimo, una actitud, por lo que no es necesario que lo cataloguen la Asociación Americana de Neuropsiquiatría, ni la OMS –único e insostenible argumento feminista, esgrimido por las feministas que han accedido a altos cargos. Sencillamente un psicólogo, sobre todo especialista en niños o familia, puede establecer unas pautas que curiosamente se repiten en Argentina, Canadá, España o Japón. Tampoco la Asociación Americana de Neuropsiquiatría ni la OMS admiten como patologías mentales el machismo, el racismo, la xenofobia, el radicalismo islámico o el de los hinchas futbolísticos, pero todos somos conscientes de su existencia y consecuencias.
No creemos en hombres diabólicos y mujeres angelicales, ni tampoco en hombres santos y mujeres perversas. Simplemente hay y seguirá habiendo personas decentes y personas que no lo son, desde el origen de la Humanidad. Y humilde pero firmemente pedimos un trato JUSTO, pues por evitar una justicia supuestamente sexista, se está consiguiendo el efecto contrario. Tenemos la sensación de que a las mujeres, por el mero hecho de serlo, se les permite hacer lo que mejor les convenga: denunciar lo que quieran aunque no sea cierto, adoptar unilateralmente decisiones en cuanto a la custodia y visitas de los hijos comunes, etc. Y en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, no debería tener cabida la discriminación por sexo.
Nos gustaría que en el futuro pudiésemos estar representados en un congreso como el que van a desarrollar estos días, por lo que estamos a su disposición.
Les saluda atentamente,
Luis Manuel López Fidalgo
Presidente de la APFS Asturias